miércoles, 2 de junio de 2010

Comentarios del Dr. Omar Bello, ex-Director del BCV, acerca del nuevo esquema cambiario

A continuación un ensayo realizado por el Dr. Omar Bello, ex-Director del BCV, acerca del nuevo sistema cambiario que aún no ha visto luz. Creo que son reflexiones importante y, más que comentárselas, prefiero darles la oportunidad a todos los que no la hayan recibido de enterarse por el puño y letra del autor.

La trampa cambiaria

Mayo 19, 2010

El insólito “cierre” del mercado de permutas, que venía siendo gestionado por las casas de bolsa, revela el estado de incapacidad a que ha llegado el gobierno con la combinación de una política macroeconómica inconsistente y las iniciativas, cada vez más frecuente, de extinción de la propiedad privada. Ha caído, por así decirlo, en una especie de trampa de la cual difícilmente podrá salir, si es que se mantiene el actual estatus político y la política económica vigente.

En lo que sigue se intenta una interpretación del problema que afecta, tanto la actividad de los negocios, como el bienestar del común de las personas.

Nacimiento del mercado informal de divisas

Para entender mejor lo que acontece ahora, debemos remontarnos al momento en el cual se estableció el actual control de cambios, en febrero 2003, motivado por la incapacidad que se tenía para evitar la forzosa depreciación de la moneda y la reducción acelerada de las reservas internacionales, tras los eventos surgidos con el paro petrolero.

En esa oportunidad se dispuso suspender la libre convertibilidad de la moneda y manejar la compra- venta de divisas a través de un mercado oficial y con un tipo de cambio fijo. El mismo día en que inicia operaciones dicho mercado oficial tiene nacimiento un mercado paralelo de divisas, informal, en el cual no interviene el gobierno. En dicho mercado se utiliza un mecanismo defectuoso[1], a saber, la permuta de títulos privados (ADR CANTV) por divisas, principalmente dólares estadounidenses, cuyo antecedente original data de 1995 cuando se constituye el mercado cambiario paralelo basado en la permuta de los bonos Brady.

La creación de un mercado informal de divisas, encubierto en la permuta de títulos y no controlado por el gobierno, obedecía al impedimento que se tenía para la atención de toda la demanda de divisas al tipo de cambio nominal oficial fijado al principio del control de cambios (Bs. 1.600 por US $). De allí la aparición de una cotización más alta en el mercado informal (46%, a principios de 2003. de Bs. 2.340 por US $), con lo cual la economía comenzaba su funcionamiento con la asimilación de dos tipos de cambio.

Equivocadas creencias

En 2004 y 2005 se sucedieron dos devaluaciones consecutivas, que terminaron aminorando la desviación entre la cotización oficial y la del mercado informal (34%, a principios de 2005), y con lo cual el desequilibrio del mercado cambiario pudo atenderse con modificaciones simultáneas del precio de la divisa en ambos mercados. Tal vez, en ese momento, cabía la posibilidad de poner término al control de cambios, intentando la unificación del tipo de cambios, y acompañándole de una modificación de la política fiscal y monetaria que hiciera le diera credibilidad a la paridad cambiaria. Más bien se impuso la creencia en que el control de cambios debía ser una herramienta permanente, dirigista y discrecional del estado, y que mediante el anclaje del tipo de cambios se resolvería la presión inflacionista y se alcanzaría la recuperación económica del país.

La trayectoria de dichos mercados experimentó cambios importantes, a partir de 2006, debido al desequilibrio monetario surgido por la política fiscal y monetaria en un contexto en el cual hubo mejora sustancial de los precios petroleros internacionales.

En efecto, la oferta de dinero aumenta de modo desproporcionado debido a la monetización creada por la política de crecimiento ilimitado del gasto público (fiscal y cuasifiscal), mientras que la demanda de dinero denota dos fuerzas contrapuestas: de un lado, su fortalecimiento, por el crecimiento temporal del PIB real, y, de otro lado, su debilitamiento, por la reducción de los tipos de interés pasivos dentro del sistema financiero.

El desborde monetario condujo a una presión concomitante en la demanda de divisas que pudo encontrar entonces una respuesta adecuada en el mercado oficial, hasta cierto límite. Representa el período en el cual las importaciones experimentan un crecimiento acentuado, sin antecedentes, y así mismo, se hacen más pronunciadas las salidas netas de capital.

El gobierno, que había cifrado sus esperanzas en el control de la inflación mediante el anclaje del tipo de cambio, se rehúsa a actualizar la cotización oficial entre 2006 y 2008, por lo cual comienzan a manifestarse dos fenómenos que tienen el mismo origen: la apreciación del tipo de cambio real del mercado oficial, que acelera el aumento de las importaciones, así como las salidas de capital y la disminución de las exportaciones no petroleras, y, la depreciación nominal en el mercado informal de divisas, lo que lugar a un nocivo “arbitraje” con la divisa obtenida en el mercado oficial y migrada al mercado permuta, lo que permite el desarrollo de un próspero negociado con ganancias injustificadas recibidas por operadores vinculados al gobierno.

Negocios dentro de la dicotomía cambiaria

En vez de corregir dicha anómala situación, el gobierno, por conducto del Ministerio de Finanzas, convierte la colocación de deuda pública interna, dolarizada, en su principal tarea (DPN, notas estructuradas, petrobonos). Al menos eso es lo que ocurre desde 2004. A partir de allí se desarrolla un negociado con el “arbitraje” entre los dos tipos de cambio, ya que dichos títulos sirven como pivote para la ampliación del mercado libre de permutas, tolerado y estimulado por el gobierno, dada su conversión en una fuente de enriquecimiento, que se ve encubierta por una presunta búsqueda del control de sus cotizaciones para evitar su impacto inflacionario, lo que, de tiempo en tiempo, da justificación a colocaciones masivas de deuda pública interna dolarizada.

En dicho contexto se sucede también la aprobación de la Ley de Ilícitos Cambiarios, mediante la cual se penalizan otras operaciones en el mercado informal y, además, se prohíbe el anuncio de la cotización de la divisa.

La relevancia del mercado de permutas

El desborde del mercado monetario, creado por la indisciplina fiscal y la complicidad del BCV, terminan excediendo la cobertura brindada por CADIVI en el mercado oficial, en un período en el cual el control de cambios se hace laxo, tal como sucede entre 2006 y 2008. En esas condiciones, el mercado libre de permutas adquiere una mayor significación, debido a que sus transacciones pasan a representar montos mayores dentro de la cobertura de las importaciones y otros pagos al exterior.

Antes del colapso de los precios petroleros, ya desde la parte final de 2008, se tenía una situación inconveniente, representada por un mercado oficial de divisas estresado, dentro del cual comienzan a darse episodios de retraso en la entrega de las divisas por parte de CADIVI, lo que alienta más aun las operaciones dentro del mercado de permuta, dentro del cual se constata la participación de varios despachos oficiales: el Ministerio de Finanzas, mediante la colocación “selectiva” de papeles públicos como parte de un negociado que enriquece a un grupo de operadores y alcanza su punto culminante con el affaire de las notas estructuradas, y también PDVSA y FONDEN, mediante operaciones encubiertas de venta de divisas en el mercado de permutas que originan un rendimiento en bolívares mucho más alto que el permitido por el Convenio Cambiario, lo que representa una violación de la normativa ante las narices del BCV.

El colapso petrolero precipita la crisis cambiaria

La situación viene a agravarse, mucho más, tras el desplome del mercado petrolero internacional, desde agosto 2008, situación que pone de relieve con toda su intensidad en Venezuela durante el primer trimestre de 2009.

Como puede entenderse, entre 2006 y 2008 pudo manejarse el desequilibrio monetario originado por la indisciplina fiscal, a un alto costo, dada la elevada proporción de divisas petroleras quemadas por el BCV. Pero, ya, desde comienzos de 2009, el ingreso de divisas petroleras resultaba insuficiente para darle viabilidad al mercado oficial, dando paso a una intensificación de las operaciones en el mercado de permuta, que ampliaba su cobertura[2] y reflejaba alzas no controladas en la cotización de la divisa.

Así las cosas, a fines de 2009, se destapan la olla de irregularidades en el sistema financiero local, con su secuela de bancos intervenidos, bancos cerrados, fusiones intempestivas de bancos (Banco Bicentenario), casas de bolsa intervenidas que tienen como común denominador la participación en el mercado de permutas y la negociación con títulos públicos.

Se ponía así de relieve la erupción del amplio desarrollo de operaciones de desintermediación financiera, alentadas por la represión financiera en la banca de depósitos y por el negociado surgido en el mercado de permutas con los títulos públicos colocados por el estado y la intervención de operadores, del lado oficial y privado: depósitos oficiales en bancos insolventes relacionados con factores del gobierno, con los cuales se apalancaban operaciones de permuta mediante las cuales se burlaban las disposiciones relativas a los tipos de interés de los bancos comerciales y universales, con la complicidad de la SUDEBAN y la CNV.

Se trataba de una mezcla tóxica en la que se mezclaban un sistema cambiario inviable, por un lado, junto con un negociado con fondos públicos y privados, por el otro lado, en el cual participaban factores vinculados al gobierno y el sector privado.

El prematuro envejecimiento de la medicina de enero

En dicho contexto, el gobierno consideró llegado el momento para la adopción de medidas cambiarias, en enero 2010, consistentes en la complejización del régimen cambiario y el inicio de una nueva política cambiaria a partir de la devaluación del bolívar fuerte (sic). De un modo tardío se adoptaba
Una nueva devaluación de la moneda, en el mercado oficial, con lo cual se daba paso al surgimiento de dos tipos de cambio (Bs. 2,60 y 4,30 por US $).

Como se puso pronto de manifiesto, dicha devaluación resultaba insuficiente, ya que los nuevos precios fijados a la divisa se encontraban montados sobre un desequilibrio monetario, no superado, debido a la renuencia al ajuste fiscal y endurecimiento de la política monetaria, y por la inconsistencia del ingreso de divisas petroleras, a principios de 2010, al no reflejarse en la balanza cambiaria del BCV el mejoramiento del precio petrolero promedio de la cesta venezolana

La segunda medida quedaba implícita, el mantenimiento del mercado libre de permutas sin modificación normativa, en el contexto del revuelo causado sobre el sistema de las casas de bolsa por los efectos de la crisis financiera parcial evidenciada en diciembre 2009.

Una ojeada a los desarrollos ocurridos hasta mediados de Mayo, permite aseverar que las referidas modificaciones al sistema cambiario parecen haber llegado a un prematuro envejecimiento, lo cual motiva y obliga a la Asamblea Nacional a una nueva intervención en la materia cambiaria, ésta vez más precipitada e improvisada que las anteriores y que se refleja en la modificación de la Ley de Ilícitos Cambiarios.

Las operaciones con divisas, entre Enero y Mayo 2010, se han desenvuelto con la intervención de dos mercados de divisas y la utilización de tres tipos de cambio
El mercado oficial, administrado por Cadivi y BCV, en el cual conviven los dos tipos de cambio fijos ya mencionados (Bs. 2.60 y 4.30 por dólar americano). Dicho mercado refleja un exceso notorio de demanda que conduce a un virtual racionamiento no declarado de divisas, junto a la depreciación del tipo de cambio del mercado libre de permuta, ampliándose la brecha entre las dos cotizaciones.

En el mercado de permuta se atiende, en forma también precaria, la demanda no satisfecha del mercado oficial, así como los demás componentes de demanda que nunca han sido reconocidos, ni atendidos por Cadivi. Allí también se pone de relieve una situación de exceso de demanda que provoca un alza sostenida del precio de la divisa, originando un grado de subvaluación desproporcionado en el valor externo de la moneda, muy difícil de soportar para el sistema productivo y las personas. El deslizamiento de la paridad parece no tener ningún límite.

En el mencionado lapso, el Banco Central también interviene mediante la colocación de bonos en moneda extranjera (“bonos cambiarios venezolanos”), en cantidades superiores a los US$ 500 millones, con unos precios que no pueden considerarse sostenibles. Hasta ahora, la referida colocación no ha tenido ninguna influencia sobre el tipo de cambio de permuta y, además, ha representado la venta forward de reservas internacionales (90 días), a un precio insostenible (del orden Bs. 5 por dólar), dentro de un proceso que ha sido discontinuo, sorpresivo y realizado sin ninguna transparencia. Como consecuencia de todo ello, el BCV ha reducido sus reservas internacionales y los particulares han aumentado sus tenencias de activos financieros en moneda extranjera, mientras que el mercado de permuta ha quedado virtualmente a la deriva.

Varias fuerzas han venido incidiendo para que los desarreglos del sistema cambiario se hagan más notorios.

La política de demanda (fiscal, parafiscal (Fonden, PDVSA), monetaria y financiera) ha continuado originado una oferta de moneda nacional excesiva, que no encuentra una contrapartida suficiente en el mercado real, dado que se desenvuelve dentro de una coyuntura en la cual se manifiesta una declinación, aun no detenida, del nivel de actividad económica, junto a la reducción de las importaciones, todo lo cual provoca un cambio más acentuado en el portafolio de monedas, a favor de la tenencia de divisas, el abandono del bolívar, y una acentuación de las presiones inflacionistas.

Persiste entonces un desequilibrio monetario por la concurrencia simultánea de un aumento en la oferta de dinero con caída de su demanda, dada la reducción del tipo de interés local y la propia caída del PIB real desde 2009. Dicha situación se refleja también bajo la forma de un desequilibrio en el mercado cambiario, dada una demanda de divisas que excede a la oferta.

Si bien el precio petrolero promedio, en 2010, resulta mayor que el del año anterior, la oferta de divisas petrolera se encuentra afectada, en 2010, por varios factores, entre ellos, los relativos a la limitación en el potencial productivo debido a la inversión insuficiente provocada por los agudos problemas de tesorería de la empresa estatal, el estancamiento de la producción en la faja del Orinoco, a todo lo cual se suma el alto consumo interno de productos refinados subsidiados y el peso muerto impuesto por el envío de petróleo bajo los programas de cooperación energética en el caribe, centro y Sudamérica.

En un contexto como el descrito las expectativas del público (o de los agentes económicos) se han continuado deteriorando, aunado a lo cual se ha sumado la incidencia de otros factores:
La incapacidad del gobierno para encontrar una salida a la trampa macroeconómica a que ha sido llevado por su propia política económica (caída del PIB real no petrolero y aceleración inflacionaria), lo cual se ha visto agravado por el desarrollo de la crisis de suministro eléctrico.

La acentuación de los ataques contra la propiedad privada y la profundización de las medidas que hacen menos viable el aparato productivo doméstico en manos del estado, incluido las medidas tomadas contra las casas de bolsa.

El nuevo paquete cambiario

Ante dichas circunstancias, la respuesta del gobierno ha tenido un contenido penal dominante, subestimando el alcance de su propia responsabilidad.

Se atribuye el alza de los precios, en el mercado de bienes, a la especulación del sector privado y se adoptan medidas punitivas que incluyen el cierre y encarcelamiento de comerciantes (carniceros) y la expropiación de establecimientos privados (Cadena Éxito, Monaca).

La desaparición del funcionamiento de los mercados, por el creciente intervencionismo y dirigismo estatal, junto a las presiones nominales originadas por la política económica, han determinado que sea en el mercado de permuta, el único que funcionaba sin control directo del gobierno, en el cual se vea reflejado todo el desequilibrio macroeconómico, nominal y real, que experimenta la economía venezolana. Como dicho mercado de permuta venía funcionando en forma relativamente libre, sin la explícita regulación del gobierno, se sostiene la equivocada creencia según la cual sus cotizaciones obedecen exclusivamente a juegos capitalistas especulativos de la casas de bolsa (la “bicicleta financiera”) y no debido a la existencia de desequilibrios económicos subyacentes que han creado las condiciones para un deslizamiento sostenido de la paridad cambiaria.

A partir de dicho supuesto, se termina elaborando una expedita reforma de la Ley de Ilícitos Cambiarios (Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.975, 17 de mayo, 2010), que tiene como exposición de motivos la indecorosa afirmación según la cual “le vamos a dar en la madre a los especuladores”. A partir de dicha reforma tienen lugar varios desarrollos:

El insólito “cierre” del mercado libre de permutas, que venía funcionando con una cotización flexible que permitía atender la demanda de divisas no cubierta por CADIVI, y aun reconociendo la poca transparencia respecto al volumen negociado y al proceso de fijación del precio.

La designación del BCV como el ente exclusivo para el manejo del mercado de divisas y títulos en moneda extranjera, al tiempo que se establecen multas y prisión para quienes realicen operaciones con divisas por encima de US $ 10.000.

La exclusión de todas las casas de bolsa, por lo cual el nuevo sistema habrá de descansar en la banca comercial y universal, lo que obliga a una pausa para la adecuación de los sistemas.

Las implicaciones no dejan de ser preocupantes.

En primer lugar, se crea una nueva oficina de control gubernamental del mercado de divisas, una especie de Cadivi paralelo, administrado en forma exclusiva por el BCV, para el control de las operaciones cambiarias que tienen como puente la permuta de títulos públicos en moneda extranjera.

Al igual que en Cadivi, implica la creación de un nuevo registro administrativo para la autorización de las operaciones de permuta, de lo cual se infiere que habrán operaciones que no serán autorizadas y otras que no acudirán a dicho registro. Las personas naturales y jurídicas se verán obligadas a justificar el origen de los fondos (si son oferentes) y la aplicación de las divisas (si son demandantes). Esto último será más claro para la demanda de divisas en operaciones vinculadas a la cuenta corriente, principalmente importaciones, pero será más difícil para las transacciones relativas a la cuenta de capital.

El Presidente del BCV se ha limitado a señalar que dicho mercado se regirá con títulos de acuerdo a valoración del mercado internacional, dentro de un “modelo de bandas”. De allí se infiere que las operaciones de permuta deberán realizarse a un tipo de cambio implícito que no se salga de la banda que sea fijada, razón por la cual se obliga al BCV a su intervención permanente, con vistas a darle viabilidad al límite superior de la banda, dado el exceso de demanda de divisas que posiblemente llegue a prevalecer en dicho mercado.

En segundo término, y como cabe suponer, la introducción del mercado de permutas, controlado burocráticamente por el BCV, le impone una mayor lentitud a la compra de divisas, con directa incidencia sobre la actividad productiva y las operaciones de los particulares (viajes de negocios y de turismo, remesas familiares, movimiento de cuentas en moneda extranjera).

Puesto que el nuevo mercado controlado de permutas no satisfaría toda la demanda de divisas, se crearía un tercer mercado (con un cuarto tipo de cambio), informal, negro, libre de toda regulación estatal, ilegal y por tanto susceptible de severa penalización, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Ilícitos Cambiarios[3]. Dicho mercado negro puede verse estimulado ante la negativa del BCV a validar determinadas operaciones de permuta, o porque los operadores no desean registrar sus operaciones ante la administración del banco central, ya que implica la entrega de información confidencial sobre cuentas bancarias, en moneda nacional y en moneda extranjera, adquisición de bienes en el extranjero, cuyo contenido puede ser cruzado con otros sistemas, como el fiscal, dentro de un régimen intervencionista.

Debe recordarse que el mercado libre de permutas se venía sosteniendo con una oferta originada parcialmente en fuentes transgresoras del convenio cambiario: sobrefacturación de importaciones en el mercado oficial, subfacturación de exportaciones no petroleras, incluido el contrabando de extracción y venta de divisas propiedad de PDSA y Fonden. Si bien hay fuentes privadas que pueden considerarse legítimas, tales como remesas familiares, necesidades de capital de trabajo de empresas extranjeras domiciliadas en Venezuela, incluido el pago de impuestos, también se identifican flujos asociados al lavado de dinero proveniente de la narcoeconomía. Igualmente cabría agregar la presencia de inversionistas globales e individuales que son demandantes de papeles públicos emitidos en Venezuela.

Obviamente, la reforma y su instrumentación operativa conducen a una restricción de la oferta de divisas, lo cual presionará a favor de un mayor aporte del BCV. En caso de que el BCV no disponga de divisas suficientes para garantizar la defensa del techo de la banda y se rehúse a una nueva depreciación, ocurrirá un impulso del mercado negro.

Tras la reforma bajo comento se tendrían entonces tres mercados y cuatro tipos de cambio, con diferentes grados de sobrevaluación y subvaluación de la moneda nacional.
Una estructura cambiaria con la complejidad esbozada promete nuevas distorsiones y no asegura que las cosas vayan a mejorar. Cabe mencionar algunas posibles.

La existencia de grandes diferenciales entre los cuatro tipos de cambio, se prestaría para mantener la vigencia de los “arbitrajes” entre los mercados, tal como hoy existe, con su secuela de negociados y enriquecimiento indebido. Esto sería bien visto por los burócratas a cargo de los nuevos controles.

El cálculo económico acentuaría su actual complejidad, dada la mayor diversidad de tipos de cambio y el impacto de las eventuales operaciones consideradas al margen de la Ley.

El impacto inflacionario no quedaría tampoco superado, dado el desequilibrio monetario y la insuficiencia de divisas[4] que se tendría para atender el mercado oficial, tanto el que está en manos de CADIVI- BCV, como del nuevo mercado controlado de permutas. La disposición de establecer una banda cambiaria, en éste último mercado, obligaría a la intervención permanente del BCV, dado que tendría la obligación de defender el punto superior de la banda cambiaria, mediante la venta de divisas a dicho precio y/o la colocación de bonos cambiarios que le permitiesen espaciar la entrega de divisas en dicho mercado a plazos de 90 o más días.

Aunque la intervención directa del BCV, en un mercado con tipo de cambio flexible, abre la posibilidad para la creación de un espacio en el cual pudiera darse cierto arbitraje legítimo[5] en el mercado monetario, entre tipos de interés domésticos y del exterior, todo dependerá de la disposición política que se tenga para hacerlo, en el sentido de propiciar el ajuste del tipo de interés doméstico siguiendo la regla que toma en cuenta el tipo de interés internacional, la depreciación esperada del tipo de cambio en el mercado controlado de permuta[6] y el riesgo país que desee validarse. De esa forma, podría aliviarse la demanda de divisas que se encuentra motivada por la pérdida de capital, atribuible a la tenencia de activos financieros domésticos en moneda nacional, y la búsqueda de sustitución por otra moneda. Se trata de una estrategia alterna con el uso del mercado de moneda nacional, complementaria a la movilización de divisas del BCV.

Si esto último no es posible, sea porque se renuncia al ajuste de los tipos de interés domésticos, dado su costo en menor actividad económica e insostenibilidad política, o porque no se disponga de divisas suficientes para sustentar el equilibrio del mercado controlado de permuta, o más aun por la reticencia que habría para mover la banda cambiaria, encareciendo la divisa, solo le quedaría al BCV la opción de combatir la “especulación” mediante la simple prohibición de las operaciones, es decir, haciendo más pesado los controles y “equilibrando” la oferta a la demanda, en forma discrecional. Bajo dicho supuesto, se le daría más vigor al mercado informal o negro.

¿Corrección de fondo?

Dadas las motivaciones expuestas por el Ministro de Finanzas y Planificación, en el actual contexto socio-político resulta poco probable que sean adoptadas medidas de fondo que permitan la superación de la difícil situación. No hay lugar para llamarse a engaños. El camino escogido por el gobierno no es otro que el de la eliminación del único mercado libre existente en la economía venezolana y sustitución por una estructura estatal dotada de mayores controles y acompañado de una severa penalización destinada a la intimidación de los agentes económicos.

No obstante, dentro de un ejercicio hipotético siempre se hace posible la puntualización de algunas posibles medidas, que serían necesarias, y sin las cuales no podrá superarse la actual trampa cambiaria. La secuencia temporal de dichas medidas y las dosis de cada medicina escapan a este escrito.

El desequilibrio monetario amerita ser corregido con medidas de fondo que restrinjan la cantidad de dinero en manos del público y que tonifiquen la demanda de dinero nacional. Dicho propósito exige una menor monetización proveniente de la actividad fiscal, tal vez en la forma de un ajuste del gasto fiscal y una prohibición a la continuación de la irresponsable inercia de gasto público que envuelve al sistema económico. El manejo fiscal no puede quedar librado a la discrecionalidad del Ejecutivo, para satisfacer metas políticas no financiables mediante impuestos, utilizando el presupuesto fiscal insincero y los presupuestos cuasifiscales paralelos. Debe establecerse una clara separación de las finanzas de PDVSA, y las de gobierno central, y todos los gastos de las Misiones pagados por dicha empresa deben pasar a formar parte de partidas presupuestarias canalizadas a través de la estructura ministerial prevista en la Ley de Presupuesto.

El Banco Central no debe continuar financiando el gasto fiscal mediante la entrega patrimonial al FONDEN, ni debe servir para el financiamiento directo de programas del gobierno o el déficit de PDVSA, tal como lo estipula reforma de la Ley del BCV y comienza a ocurrir. La política monetaria tiene que endurecerse si es que se quiere torcer la actual tendencia a la sustitución de la moneda nacional por divisas. Ello significa que el tipo de interés, relacionado con el ahorro financiero, debe alcanzar un nivel suficiente para impedir la propensión al cambio de moneda. El sistema financiero funciona actualmente con tipos de interés irrealistas que deben ser corregidos, si es que se aspira a evitar la caída de la demanda de dinero y reducir el alza de la demanda de divisas.

El coste del alza del tipo de interés debe ser cubierto, o por el estado o por los agentes económicos que toman créditos. Con tipo de interés reales activos, que sean negativos, solo se alimenta la mayor demanda en el mercado de permuta (controlado o libre) y/o el del negro, bajo alguna forma de desintermediación financiera.

El sacrificio de manejarse con un tipo de interés alto puede ser temporal, si es que se adopta una política consistente de reducción de la tasa de inflación. Si la inflación no se corrige, o los tipos de interés se mantienen en niveles altos, o hay desintermediación financiera, las presiones de demanda en el mercado permuta (controlado o libre) seguirán siendo insostenibles.

Además de las medidas destinadas a la corrección del desequilibrio monetario, el re-equilibrio del mercado cambiario exige la modificación del actual precio en el mercado oficial. Se requiere una nueva devaluación, en dicho mercado, y la eliminación de la estructura dual con la unificación del tipo de cambio. La eliminación de la apreciación del tipo de cambio real disminuiría la presión de demanda y haría posible la recuperación de la oferta de divisas distinta a la del petróleo. De esa forma, se acortaría la distancia con el tipo de cambio del mercado de permuta, cuya desviación con el oficial podría disminuir.

El problema que presenta Venezuela no es exclusivamente del dominio de la macroeconomía y sería erróneo suponer que con medidas exclusivas en dicho ámbito podrían resolverse los actuales desequilibrios. Una perturbación mayor viene causada por la tentativa de liquidación del sector privado que se ha impuesto el gobierno mediante la extinción de la propiedad privada, antes de una manera lenta y circunscrita al ámbito rural y, ahora, más expeditiva, discrecional y ya sin ningún límite sectorial o geográfico. La mejora del mercado exige, por tanto, la suspensión inequívoca de las expropiaciones y la restitución de los derechos patrimoniales lesionados por las vías de hecho ejecutadas desde 2008.

La estrategia petrolera no debe depender, como ahora, del golpe de suerte en el mercado internacional y la esperanza de que se suceda un alza mayor del precio y la renta petrolera

El ámbito petrolero exige también medidas de fondo. PDVSA amerita, en forma simultánea, un ajuste a los gastos e inversiones y el traslado de todos los programas de gasto gubernamental al ámbito de las finanzas públicas. El ajuste financiero de la empresa estatal evitaría su eventual colapso. El aumento de activos improductivos (factura petrolera, inversiones en el exterior) debe ser suspendido y los acuerdos de cooperación energética deben ser revisados para disminuir las ventas por dicho canal. El ahorro generado debe ser aplicado a la cancelación de la deuda impagada y al fortalecimiento de la inversión, de modo que se fortalezca el potencial productivo en el menor tiempo posible. El mercado interno de derivados debe experimentar un cambio de fondo que permita la racionalización del consumo interno, lo cual exige una estrategia para la modificación del precio empezando por el de la gasolina.

Un fortalecimiento de la situación petrolera permitiría darle fuerza a la estrategia de recuperación del valor de la moneda nacional y el aflojamiento de las tensiones del mercado cambiario. Solo así sería posible superar la trampa cambiaria.

2 comentarios:

Abukaykay dijo...

Veo muy improbable que se adopten las “¿Corrección de fondo?” planteadas a escasos meses de unas elecciones tan cruciales, que independiente de sus resultados la conflictividad política, presiento aumentara. Sobre todo por el temperamento del Sr. Presidente, la demostración del día de ayer, encaja en el titulo de Kundera “La insoportable levedad del ser”

Anónimo dijo...

recomiendo dólar paralelo venezuela http://dolarparalelo.tk